REALYDAD, Por la Verdadera Independencia

No más agua embotellada

GRAN RUIDO POR EL INTERCAMBIO HUMANITARIO


Este jueves 5 de julio de 2007 en todo el país a las 12:00 m haremos sonar las bocinas de nuestros carros, las campanas de las iglesias, los silbatos y en los medios de comunicación sonara el Himno Nacional de Colombia para que en la Casa de Nariño y en las montañas colombianas nos escuchen, todos por el intercambio humanitario.

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Archivado en: Acuerdo Humanitario, Alvaro Uribe, Conflicto Armado, FARC, POLÍTICA, Secuestrados

9 Responses

  1. HAREMOS RUIDO EL JUEVES 5 DE JULIO A LAS 12. LOS APOYAMOS COMPLETAMENTE. SU CARTEL APARECERÁ HOY EN NUESTRA PÁGINA: ACTIVIDADES.

    ¡ Por la liberación de EMMANUEL !

    Por favor, imprima este cartel y distribúyalo entre sus amistades con niños. Póngalo en su bitácora y página de internet y haga la misma invitación.

    Si tiene preguntas o sugerencias, por favor, envíelas a:
    emmanuelyclara@galeon.com

    ¡ Los niños de Colombia piden la libertad de Emmanuel !

    http://www.galeon.com/emmanuelyclara/propuestas.htm

    http://www.galeon.com/emmanuelyclara/kids-flashmob.jpg

  2. Andrés Jiménez dice:

    NI DESPEJE, NI INTERCAMBIO

    Sin olvidarnos del interminable dolor de los familiares de los secuestrados los colombianos debemos recordar frente a quién estamos y decir NO AL DESPEJE, NO AL INTERCAMBIO.
    Ojalá estuvieramos frente a un grupo con ideales políticos que les permitienran razonar, en ese escenario podríamos considerar ese tipo de herramientas pero estamos ante una orda de asesinos que manipulan a quienes sufren la ausencia de un ser querido para que se convierta en un agente de su estrategia narcoterrorista.
    Podríamos despejar miles y miles de kilómetros cuadrados, liberar cientos y cientos de guerrilleros y jamás habrá intercambio, el inetrés de estos cretinos es otro.

  3. SI AL DESPEJE Y SIN MIEDO!!!!!

    Sí al despeje, porque no importa frente a qué monstruos nos encontremos, nosotros no somos monstruos y jamás actuaremos como uno. Para nosotros la libertad de cada colombiano es sagrada y la vida de cada colombiano invaluable.

    Honestamente, en los últimos cinco años el balance que nos ha dejado el presidente Uribe en materia de derechos humanos son 21 cadáveres de secuestrados y dos escapados por sus propios esfuerzos. También hay que reconocer que nuestro presidente hace todas las cosas a medias, por lo menos en el campo del Intercambio Humanitario. Él jamás liberó a ningún miembro de las FARC, excepto Granda por presión del presidente Sarkozy de Francia. Toda persona que deserte de una organización ya no pertenece a esa organización y si los 150 liberados por Uribe fueron escogidos entre los que ya no pertenecen a las FARC porque las desertaron, eso es premiar a quienes desertan, pero eso no es entregarle nada a las FARC. Lo que eso ha hecho es radicalizar a las FARC y aumentar la guerra como todos estamos siendo testigos.

    El presidente Uribe, lamentablemente es muy débil para impulsar el Intercambio Humanitario, cuando dijo que lo consideraría, debido a la presión internacional y nacional, inmediatamente rechazó el Intercambio Humanitario, porque explotó un petardo en la Escuela Militar de Bogotá. Necesitamos que el presidente Uribe no se deje mangonear tan fácil de las FARC. Si el presidente de verdad cree en la libertad de los secuestrados debe demostrar que ningún petardo de las FARC lo va a desviar o debilitar de un deber que se le debe a Colombia, a los familiares de los secuestrados y a los inocentes privados, sin ninguna causa, de su libertad por las FARC.

    Si las FAC quieren un despeje, lo inteligente es dárselo de una manera que les tape la boca y no tengan ante los testigos nacionales e internacionales absolutamente nada de qué quejarse. Un despeje es un despeje no una escrituración de tierras a las FARC. Los intereses que las FARC tengan sobre ese despeje pueden ser predecibles, pero eso es necesario para que la negociación se concluya, las FARC se retiren del área y los secuestrados puedan reunirse con sus familiares, de quienes nunca debieron ser separados.

    El presidente Uribe insiste en castigar a las víctimas negándoles la negociación para usarlas como propaganda política contra las FARC, de la misma forma que las FARC que las usa como propaganda política contra el gobierno. Los colombianos tenemos que poner nuestra voz en alto y decirle tanto a las FARC como al gobierno que escojan otra cosa, pero no la vida de los colombianos inocentes para su guerra. El gobierno tiene un ejército y las FARC son un ejército, ellos deben enfrentarse después de que los secuestrados se hayan sacado del terreno de guerra. Eso no es idea de las FARC, sino el deber de cualquier democracia y de quienquiera que respete la constitución y las leyes, que tiene que ser nuestro gobierno, no las FARC.

    Las FARC tienen a nuestros compatriotas en condiciones de cautiverio y tortura. Ellos están dispuestos a matarlos, pero nosotros no, por eso hay que darles el despeje que piden, porque la democracia, la libertad y la vida nos son más valiosas que las pretensiones efímeras de las FARC. El presidente Uribe debería demostrarle a Colombia que tiene control de la situación de seguridad democrática y que unas FARC golpeadas no son ninguna amenaza para que Colombia, y también poner en alto al ejército demostrándoles a los colombianos que ellos también tienen control de la situación y están preparados a responder a cualquier eventualidad.

    Negar el despeje demuestra una debilidad del gobierno y por eso las FARC insiste en el despeje, porque sabe que es el punto más débil de Uribe, pues Uribe no parece estar en capacidad de manejar esa situación y teme que se le salga de las manos y quede peor que Pastrana. Las FARC aumentan su bravío en la debilidad que ha mostrado Uribe. Si Uribe les da el despeje les tapa la boca a las FARC y les demuestra que el gobierno es más poderoso y la exigencias de las FARC no lo intimidan.

    Ceder el despeje es mostrar el pie de fuerza que el gobierno tiene sobre las FARC. No hacer el despeje comprueba que las FARC tienen todo su poder intacto y que son superiores al gobierno, que tiene pavor a ceder un milímetro porque el poder de las FARC se le viene encima. El despeje demuestra que el poderoso es el gobierno y que las exigencias de las FARC no son ninguna amenaza ni ningún peligro tanto para el gobierno como para el ejército. Para hacer el despeje se necesita que el gobierno sea superior a las FARC. El presidente Uribe nos ha repetido por cuatro años que las FARC están debilitadas y a punto de extinguirse, pero su pavor por controlar y tener éxito en un despeje demuestra que es al revés que las FARC son poderosas y que el pavor de Uribe es justificado en la inferioridad del gobierno y del ejército a las enormes capacidades de las FARC.

    El despeje es lo único que tiene el gobierno para demostrar su superioridad sobre las FARC y su confianza en el control que todos hemos estado convencidos que tenía de la situación. Sorprende que el gobierno se muestre tan indefenso ante una exigencia fácil de controlar como es un despeje. Los organismos internacionales calculan acertadamente que 10 días son más que suficientes para el despeje, que diez más pueden ser empleados en negociaciones y al igual solo se necesitan 10 días para que las FARC desalojen Pradera y Florida.

    El despeje solo requiere coraje por parte de Uribe y control de la situación por parte del ejército. Voluntad de cumplir con la constitución que nos exige la seguridad y la protección de cada colombiano. Y convicción de que la libertad y la justicia con los inocentes están por encima de las ambiciones de criminales. Confiamos que el presidente Uribe esté a la altura de estas exigencias históricas y logre convencer o someter a las FARC a responder por el respeto que deben tener con los derechos y las libertades del pueblo colombiano. No deben ser las FARC la s que dirijan la historia de Colombia con sus acciones, sino un gobierno que restaura la libertad a los inocentes, los saca del campo de batalla y combate a las FARC como grupos armados que ambos son.

  4. fabricio dice:

    EL JUEGUITO DE LA DESINFORMACION

    Según el narcopresidente, las Farc llamaron a los familiares de los diputados para confesar el crimen y esto se convirtió en una noticia mundial. La señora FABIOLA PERDOMO, esposa de uno de los diputados muertos desmintió al narcopresidente. Un dia después, el narcopresidente hizo la misma declaración y pero desmentido por segunda vez. Hoy el ex-embajador norteamericano M. FRECHETTE dió una versión igual al que hay en el cominicado de las Farc y destacó la presencia de grupos paramilitares en las tentativas de rescate a sangre y fuego.

    No sé cual es la verdad pero es evidente que el narcopresidente miente.

  5. fabricio dice:

    Está bien la propuesta, pero es mejor si hay una presión para que los militares digan la verdad y confiesen que hicieron con los cuerpos de los desaparecidos del palacio de justicia y para que Uribito y sus amigos y narcoparamilitares confiesen dónde están los cuerpos mutilados de los miles de desaparecidos, torturados y bestialmente asesinados en los últimos 20 años. Esto sería más ecuánime y sincero.

  6. fabricio dice:

    ¿Y LUEGO NO DICEN QUE LOS TERRORISTAS SON LOS DE LAS FARC? ¿AL FIN QUE?

    “El creciente escándalo de la para-política ha revivido la atención sobre los vínculos directos entre las fuerzas militares y los grupos paramilitares. Ahora, un informe diplomático de 1979 de la embajada estadounidense en Bogotá suscita nuevas preguntas sobre los lazos entre el comandante del Ejército, general Mario Montoya Uribe, y los paramilitares. El cable diplomático, desclasificado a través de una solicitud del Archivo de Seguridad Nacional bajo el Acta de Libertad de Información revela que un batallón de inteligencia del Ejército colombiano ligado al general Montoya creó en secreto una unidad clandestina terrorista entre 1978 y 1979. Bajo la fachada de la Alianza Anticomunista Americana (AAA o Triple A), el grupo fue responsable de varios ataques dinamiteros, secuestros y asesinatos contra grupos de izquierda durante esos años”.

    VER TEXTO COMPLETO EN SEMANA. COM

  7. fabricio dice:

    “Esta nueva revelación llega después de la sorpresiva divulgación hecha por el periódico Los Angeles Times en marzo de este año de un informe de la CIA, en el que se señala que el general Montoya participó en una operación conjunta con un grupo paramilitar de Medellín. La Operación Orión fue parte de una gran ofensiva militar que buscaba atacar las redes de las guerrillas urbanas en esta ciudad durante 2002 y 2003, que dejó al menos 14 muertos y docenas de desaparecidos. El informe desclasificado de inteligencia confirmó que la información fue “proporcionada por una fuente comprobada”, según los comentarios del agregado militar de Estados Unidos contenidos en el documento.

    Este informe provocó una fuerte respuesta del senador estadounidense Patrick Leahy, presidente del subcomité del Senado que supervisa la ayuda a Colombia, quien en abril bloqueó el desembolso de 55 millones de dólares en ayuda a las Fuerzas Armadas colombianas tras conocerse los detalles que emergieron sobre los supuestos vínculos entre el comandante del Ejército y los paramilitares. Hace un par de semanas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos incrementó aun más la presión, al reducir dramáticamente el monto de asistencia monetaria destinada a las fuerzas de seguridad colombianas. La ley de Estados Unidos requiere que el gobierno colombiano tome las medidas necesarias para cortar los vínculos de las fuerzas militares con los grupos paramilitares antes de recibir ayuda militar.

    “[Este] nuevo Congreso no va a aprobar [la ayuda a Colombia] de la misma manera que lo hizo el Congreso anterior”, Leahy señaló en una declaración del 2 de mayo, en la cual anunció que la ayuda se suspendería hasta que se investiguen las denuncias contra el general Montoya. “No queremos que nuestra ayuda vaya a personas que tengan vínculos con paramilitares”.

    Acusaciones han persistido en contra del general Montoya durante su carrera militar sobre sus lazos con los paramilitares.

    El hallazgo de una fosa común en el departamento de Putumayo en marzo pasado suscita interrogantes sobre las acciones del general Montoya como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, unidad financiada por Estados Unidos y encargada de coordinar las operaciones contranarcóticos y contraguerrilla en esta región entre 1999 y 2001. Los investigadores calculan que más de 100 víctimas de la violencia paramilitar halladas en la fosa común fueron asesinadas durante el mismo período en que el general Montoya lideró esta unidad militar.

    Los documentos desclasificados previamente revelados por el Archivo de Seguridad Nacional señalan la preocupación del Departamento de Estado por los vínculos que tenía una de las unidades de la Fuerza Conjunta, la Brigada 24, bajo el mando del general Montoya, con paramilitares localizados en La Hormiga, lugar donde recientemente fue descubierta la fosa común. Un cable diplomático del Departamento de Estado mencionó las acusaciones persistentes contra la Brigada 24 estacionada en La Hormiga, la cual había estado “cooperando con grupos ilegales paramilitares que habían incrementado sus actividades en el Putumayo”.

    Otras imputaciones acusan al general Montoya y a otros dos oficiales del Ejército de permitir que los grupos paramilitares pasaran por retenes militares sin ningún obstáculo antes de un enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares en Bojayá, en mayo de 2002, que dejó más de 100 muertos. Aunque oficialmente considerada esta acción como un error militar, partes sustanciales de los documentos desclasificados pertinentes a las acciones del general Montoya en este caso fueron redactadas por funcionarios del Departamento de Estado que tienen la autoridad para censurar documentos.

    La revelación de la operación Triple A del Ejército también refuerza los recientes testimonios explosivos de dos ex comandantes paramilitares quienes señalaron que el gobierno colombiano fomentó los grupos paramilitares en los años 90, período durante el cual los grupos de derecha incrementaron dramáticamente sus filas y su influencia en el país.

    Hasta este momento, las confesiones paramilitares, requeridas por la Ley de Justicia y Paz, sugieren que los lazos entre los paramilitares y el gobierno eran más profundos de lo que antes se imaginaba, lo que convierte el proceso en una investigación de facto sobre el Estado. “El paramilitarismo fue una política de Estado”, dijo el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Fiscalía el mes pasado. Las declaraciones de Mancuso fueron una acusación directa contra altos funcionarios del gobierno –muchos de ellos cercanos al presidente Álvaro Uribe– por fomentar el paramilitarismo.

    El cable del embajador Asencio es un documento importante de esta historia oculta, el cual no sólo ilumina un episodio clave de la guerra sucia colombiana, sino también revela la manera cómo Estados Unidos confrontó el problema de los lazos entre los militares y los paramilitares durante ese período crítico. La posición condescendiente del entonces embajador Asencio en 1979 contrasta de manera abrupta con la actual línea dura respaldada por influyentes miembros del Congreso estadounidense.

    Por su parte, Asencio catalogó la operación Triple A como un “hecho preocupante”. Aunque consideró que el uso de tácticas crueles era lamentable, lo veía como una exigencia inevitable de la guerra contrainsurgente. “En la guerra contra la subversión, las fuerzas militares son un instrumento crudo”, escribió el embajador, “y las operaciones militares pueden producir consecuencias inesperadas”.

    Las recientes revelaciones sobre los vínculos entre los paramilitares y el Estado han producido sus propias “consecuencias inesperadas”, y así como el proceso prosigue, los archivos secretos de la embajada de Estados Unidos continuarán siendo una fuente valiosa para desvelar el pasado del paramilitarismo del país”

    VER SEMANA.COM

  8. fabricio dice:

    “Esta nueva revelación llega después de la sorpresiva divulgación hecha por el periódico Los Angeles Times en marzo de este año de un informe de la CIA, en el que se señala que el general Montoya participó en una operación conjunta con un grupo paramilitar de Medellín. La Operación Orión fue parte de una gran ofensiva militar que buscaba atacar las redes de las guerrillas urbanas en esta ciudad durante 2002 y 2003, que dejó al menos 14 muertos y docenas de desaparecidos. El informe desclasificado de inteligencia confirmó que la información fue “proporcionada por una fuente comprobada”, según los comentarios del agregado militar de Estados Unidos contenidos en el documento.

    Este informe provocó una fuerte respuesta del senador estadounidense Patrick Leahy, presidente del subcomité del Senado que supervisa la ayuda a Colombia, quien en abril bloqueó el desembolso de 55 millones de dólares en ayuda a las Fuerzas Armadas colombianas tras conocerse los detalles que emergieron sobre los supuestos vínculos entre el comandante del Ejército y los paramilitares. Hace un par de semanas, la Cámara de Representantes de Estados Unidos incrementó aun más la presión, al reducir dramáticamente el monto de asistencia monetaria destinada a las fuerzas de seguridad colombianas. La ley de Estados Unidos requiere que el gobierno colombiano tome las medidas necesarias para cortar los vínculos de las fuerzas militares con los grupos paramilitares antes de recibir ayuda militar.

    “[Este] nuevo Congreso no va a aprobar [la ayuda a Colombia] de la misma manera que lo hizo el Congreso anterior”, Leahy señaló en una declaración del 2 de mayo, en la cual anunció que la ayuda se suspendería hasta que se investiguen las denuncias contra el general Montoya. “No queremos que nuestra ayuda vaya a personas que tengan vínculos con paramilitares”.

    Acusaciones han persistido en contra del general Montoya durante su carrera militar sobre sus lazos con los paramilitares.

    El hallazgo de una fosa común en el departamento de Putumayo en marzo pasado suscita interrogantes sobre las acciones del general Montoya como comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur, unidad financiada por Estados Unidos y encargada de coordinar las operaciones contranarcóticos y contraguerrilla en esta región entre 1999 y 2001. Los investigadores calculan que más de 100 víctimas de la violencia paramilitar halladas en la fosa común fueron asesinadas durante el mismo período en que el general Montoya lideró esta unidad militar.

    Los documentos desclasificados previamente revelados por el Archivo de Seguridad Nacional señalan la preocupación del Departamento de Estado por los vínculos que tenía una de las unidades de la Fuerza Conjunta, la Brigada 24, bajo el mando del general Montoya, con paramilitares localizados en La Hormiga, lugar donde recientemente fue descubierta la fosa común. Un cable diplomático del Departamento de Estado mencionó las acusaciones persistentes contra la Brigada 24 estacionada en La Hormiga, la cual había estado “cooperando con grupos ilegales paramilitares que habían incrementado sus actividades en el Putumayo”.

    Otras imputaciones acusan al general Montoya y a otros dos oficiales del Ejército de permitir que los grupos paramilitares pasaran por retenes militares sin ningún obstáculo antes de un enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares en Bojayá, en mayo de 2002, que dejó más de 100 muertos. Aunque oficialmente considerada esta acción como un error militar, partes sustanciales de los documentos desclasificados pertinentes a las acciones del general Montoya en este caso fueron redactadas por funcionarios del Departamento de Estado que tienen la autoridad para censurar documentos.

    La revelación de la operación Triple A del Ejército también refuerza los recientes testimonios explosivos de dos ex comandantes paramilitares quienes señalaron que el gobierno colombiano fomentó los grupos paramilitares en los años 90, período durante el cual los grupos de derecha incrementaron dramáticamente sus filas y su influencia en el país.

    Hasta este momento, las confesiones paramilitares, requeridas por la Ley de Justicia y Paz, sugieren que los lazos entre los paramilitares y el gobierno eran más profundos de lo que antes se imaginaba, lo que convierte el proceso en una investigación de facto sobre el Estado. “El paramilitarismo fue una política de Estado”, dijo el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso ante la Fiscalía el mes pasado. Las declaraciones de Mancuso fueron una acusación directa contra altos funcionarios del gobierno –muchos de ellos cercanos al presidente Álvaro Uribe– por fomentar el paramilitarismo.

    El cable del embajador Asencio es un documento importante de esta historia oculta, el cual no sólo ilumina un episodio clave de la guerra sucia colombiana, sino también revela la manera cómo Estados Unidos confrontó el problema de los lazos entre los militares y los paramilitares durante ese período crítico. La posición condescendiente del entonces embajador Asencio en 1979 contrasta de manera abrupta con la actual línea dura respaldada por influyentes miembros del Congreso estadounidense”

    VER SEMANA.COM

  9. fabricio dice:

    Si hubiera estado en mis manos, lo habría hecho todo para que los diputados y el resto de personas en poder de las farc salieran de esa pesadilla. Pero, el único que podía hacer algo al respecto es el narcopresidente y éste se dedicó a entorpecer todas las iniciativas y fórmulas para lograr su liberación

    Luego del desenlace, el culebrero de marras mintió dos veces acerca de las circunstancias de la muerte de los diputados y no contento con ello, ahora quiere usar ese resultado para hacer la politiquería y seguir la guerra sucia.

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